El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva dirigida a abordar el problema de las personas sin hogar, una medida que es calificada por sus críticos como un intento de criminalizar e invisibilizar a esta población en lugar de plantearle una solución efectiva a su condición de vulnerabilidad.

La orden ejecutiva generó un fuerte rechazo por parte de defensores de las personas sin hogar y organizaciones sociales. Estos grupos condenaron la medida, argumentando que ignora décadas de apoyo y que el enfoque punitivo representa una estrategia que fracaso de manera consistente.

Según el Centro Nacional de Problema de Vivienda, el decreto ampliará el poder de la policía y su uso represivo. Con cerca de 771,480 personas sin hogar en el país en 2024, los críticos sostienen que la medida no ataca la raíz del problema y agrava la vida de los más vulnerables.

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El decreto, que se titula «Terminar con el crimen y el desorden en las calles de los Estados Unidos», instruye a la Fiscal General a revertir precedentes judiciales y a poner fin a los acuerdos que limitan la capacidad de las jurisdicciones para desalojar a las personas de las calles.

Añadió que la presencia de personas sin hogar en ciudades como Washington D.C. afecta la imagen del país ante los líderes internacionales.

Su orden ejecutiva describe a las urbes como lugares con «vagancia endémica» y expone a las personas sin hogar como adictos a las drogas y/o enfermos mentales que representan un riesgo para sí mismos y para la ciudadanía en general. La Administración Trump también critica los programas de subvenciones existentes, alegando que fomentan que la gente no tenga la necesidad de trabajar.

El trasfondo del problema es mucho más complejo. Aunque una parte de esta población padece de enfermedades mentales o adicciones, una porción significativa son veteranos de guerra, se estima que el 13%.

También hay personas y familias enteras que, a pesar de tener empleo, no pueden costear una vivienda digna o perdieron sus hogares por deudas médicas. Esta realidad demuestra que la pobreza y la falta de un sistema de salud adecuado son causas estructurales que no son abordadas por la orden ejecutiva.

En esencia, la medida de Trump busca «limpiar» las calles y esconder un problema social, en lugar de resolverlo. El decreto propone internar a los homeless en hospitales psiquiátricos, pero los críticos señalan que las personas con seguros de salud públicos solo pueden permanecer en estos nosocomios por un máximo de cuatro días antes de ser expulsadas, cayendo en un círculo vicioso.

Esta política, que también contempla la reducción de la asistencia social, es comparada por expertos con las leyes punitivas contra la «vagancia» del siglo XVI, con el potencial de aumentar la represión y la marginación de los más vulnerables.

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